En un informe, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas registra “restricciones indebidas” de las libertades religiosas por parte del gobierno de Ortega, así como detenciones arbitrarias, intimidaciones, malos tratos en prisión y ataques contra poblaciones indígenas. Preocupación por la reforma del código penal aprobado por Managua.