Entre los puntos afirmados por el acuerdo está la plena libertad de pensamiento, conciencia y religión de acuerdo con el ordenamiento jurídico. La Conferencia Episcopal: «Los primeros beneficiarios de la protección del acuerdo son los ciudadanos, no la Iglesia como institución». Los obispos desmienten los temores sobre un posible «abuso de la institución del sello sacramental» y aseguran a la opinión pública que este «no ofrece la oportunidad de encubrir delitos a nivel institucional».
