La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobierno de Daniel Ortega, aprobó una reforma del Código Penal para castigar a quienes cometan delitos desde el extranjero, una medida para mantener a los nicaragüenses en la diáspora “calladitos, en silencio, sin opinar nada”, como señala el exministro de educación, en el exilio, Humberto Belli.